[Todos] Para que siga siendo pública, no la declaremos de interés

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Para que siga siendo pública, no la declaremos de interés
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Hace un tiempito en el CoDep del Departamento de Computación se empezó a
discutir si corresponde o no acreditar nuestra carrera de Computación ante
la CONEAU. Este es un proceso que comienza declarando nuestra carrera de
"interés público". En abstracto suena razonable que sea de interés una
carrera que genera parte de los profesionales que tienen a su cargo tareas
como diseñar y administrar las bases de datos impositivas, el software de
los aparatos de diagnóstico médico, y otras tantas tareas críticas. La
sociedad día a día se ve afectada por el buen o mal desempeño de quienes
trabajamos o trabajaremos en tareas vinculadas a la computación, generando
pequeños malestares o causando potenciales pérdidas. Luego de esta
declaración se vuelve obligatoria la acreditación de la carrera.

Al decir de la Ley de Educación Superior[1] (LES) en su Artículo 43:
       "Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones
reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el
interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la
seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los
habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga
horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los
siguientes requisitos:

       a)  Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos
curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la
formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y
Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades;

       b)  Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por
entidades privadas constituidas con ese fin debidamente
reconocidas.

       El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio
restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de
tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas
exclusivamente para ellos."

Entonces, como decíamos, declarar una carrera de interés nos obliga a
acreditarla periódicamente. ¿O sea? A que la CONEAU (o entidades privadas
creadas a tal fin) decidan si la formación que tal carrera brinda es
adecuada para el título que pretende emitir. De esta manera la CONEAU
obtiene la potestad de decidir si el contenido curricular que se brinda se
ajusta a lo que este ente determina como "programa oficial", pudiendo
obligar a cambiarlo si decidiera que no lo hace.

Lo que vuelve esto aún más problemático es la composición actual de la
CONEAU, a saber[2]: 12 miembros designados por el Poder Ejecutivo
Nacional, de los cuales:
               - 3 son propuestos por el CIN (órgano conformado por los
rectores de todas las universidades nacionales)
               - 1 es propuesto por el consejo de rectores de
universidades privadas (como el CIN pero de las
universidades privadas)
               - 1 es propuesto por la Academia Nacional de Educación (un
organismo poco definido cuyo objetivo es hacer lobby en el
campo educativo, con miembros como Jorge Reinaldo
Vanossi[3] y otros íntimamente relacionados con el orden
eclesiástico -recordemos que la iglesia fue uno de los
principales impulsores de la educación privada-).
               - 3 propuestos por la Cámara de Diputados de la Nación - 3
propuestos por la Cámara de Senadores de la Nación - 1
propuesto por el Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación

Así, no sólo los miembros directos del Gobierno tienen mayoría, sino que
además las universidades públicas están en franca minoría, lo cual atenta
directamente contra la autonomía universitaria (autonomía que la LES viola
sistemáticamente en diversos artículos a pesar de que la pone como una de
las características que promueve). Con esta composición las universidades
nacionales pierden todo poder real de decisión.

En suma, la "declaración de interés público" implica directa y
necesariamente que la carrera debe ser "acreditada periódicamente por la
CONEAU", lo que, dado el poder que este organismo adquiere, redunda en la
firma de un cheque en blanco al gobierno nacional y a aquellos que buscan
un negocio a partir de la educación.

Bien, pero entonces, ¿por qué alguien quiere hacer esto? El problema no es
sencillo, explicarlo ciertamente requiere no sólo de la lectura de los
documentos oficiales, sino también de una interpretación política de
ellos. Así encontramos que los argumentos a favor no son de índole
política o ideológica, sino más bien de la calaña de extorsiones y
cooptaciones a las que ya estamos acostumbrados.

Sobre incumbencias y entromisiones
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Entre las potestades del Ministerio de Educación a la hora de declarar una
carrera como de "interés público" se encuentra una sumamente importante;
la de definir las incumbencias profesionales correspondientes a cada
título. Es decir, definir qué actividades profesionales son competencia de
los que poseen determinado título. Así por ejemplo, un arquitecto y un
ingeniero civil tienen incumbencias compartidas, así como incumbencias
particulares de cada profesión.

Hasta el día de hoy, las profesiones relacionadas con la informática no se
encuentran reguladas, por lo tanto nada de esto está definido. Al declarar
de interés a estas carreras (Licenciaturas en Computación, Sistemas, e
Informática; y las Ingenierías correspondientes) el Ministerio debe
definir qué tareas deberían poder desarrollar las personas que posean
determinado título. Por ejemplo ¿Podremos los Licenciados en Computación
realizar peritajes? ¿Podrán los ingenieros realizar trabajos que requieran
verificación formal de software? ¿Se podrá trabajar sin estar recibido?

El documento que está hoy para ser discutido en el CoDep contempla estas
definiciones. Este fue elaborado por la RedUNCI[4] para ser elevado al
Ministerio de Educación.

¿Qué tiene que ver todo esto con la acreditación? Bastante, porque uno de
los argumentos que se esgrime es que "si no elevamos este documento, del
cual participamos, las Ingenierías van a elevar otro y se van a quedar con
la mayoría de las incumbencias" generando como consecuencia una
importantísima disminución de la matrícula (que de por sí es baja). Así
intentan corrernos para que sin pensar votemos a favor y se soslaya el
problema de fondo que es la situación en la que quedamos una vez que
aceptamos el documento, y su consecuencia, la dependencia de la CONEAU.-

"¿Ha visto al señor billetín?"
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Pero ese no es el único argumento a favor. En paralelo a la confección de
este documento, se fue gestando un nuevo punto de presión: los fondos para
"mejorar la enseñanza de informática" PROMENI y FOMENI, similares a los
fondos ya conocidos y en funcionamiento para financiar la enseñanza de
ingenierías (FOMEI y PROMEI[5]). Ambos, constituirían cuantiosas sumas de
dinero a repartir entre las carreras del área. Sin embargo, y como nadie
hace beneficencia, se cae de maduro que estos fondos sólo serán asignados
a aquellas carreras que se encuentren acreditadas ante la CONEAU.

Así, jugando con las necesidades de la educación pública, el gobierno y
las grandes empresas de software elaboraron un programa de extorsiones
para impulsar la acreditación y la estandarización de las carreras ya que
"con la implementación del proyecto se espera mejorar la calidad de la
formación de técnicos en software y servicios informáticos, adecuando los
planes de estudio a las demandas y competencias requeridas en los
*mercados laborales*."[6] La sociedad, bien gracias.

Así como ahora está en juego la acreditación de computación, mañana o
pasado le puede pasar a cualquier otra carrera de nuestra casa de
estudios. Ante esta situación, es necesario establecer una discusión
abierta y plena que incluya a todos los miembros de la comunidad. No
podemos dejar que esto pase sin enterarnos del trasfondo y tener la
posibilidad de discutirlo. Para que nuestras carreras sigan siendo
públicas y autónomas, digamos NO a la LES, NO a los fondos extorsivos, NO
a la destrucción de la educación pública. Sí al aumento presupuestario
permanente y sostenido con fondos públicos. Sí a que las universidades
nacionales mantengan su autonomía del poder ejecutivo  nacional.

[1] La LES es la Ley de Educación Superior sancionada durante el gobierno
de Menem. Esta ley fue históricamente resistida por nuestra Universidad, a
tal punto que existe un recurso judicial que impide su aplicación. Sin
embargo, con el cambio de autoridades que puso a Hallú de Rector de la
Universidad, a pesar del conflicto desatado por la democratización de los
órganos de gobierno, la voluntad de nuestra universidad parece haber
virado, y ahora se muestra en favor de cumplir la LES. Entre los problemas
de esta ley se encuentran inconsistencias (la ley se contradice),
violación de la autonomía universitaria quitando derechos como el de
decidir la composición de los órganos de gobierno, o adjudicando la
potestad de decidir qué títulos valen a la CONEAU o a *instituciones
privadas creadas a tal fin*. En suma, a pesar de decir defender la
educación como bien público en realidad establece las bases definitivas
para la creación del mercado educativo, poniendo en pie de igualdad a las
universidades privadas y a las públicas dejando a la educación librada a
las "leyes" de la oferta y la demanda. Ley completa en:
http://www.coneau.edu.ar/archivos/447.pdf
[2] Ver artículo 47 de la LES.
[3] Jorge Rafael Vanossi es Diputado por el PRO, ex funcionario y
legislador del gobierno de Menem y ex funcionario del gobierno dictatorial
de Lanusse. Además entre sus proyectos se lee uno según el cual se pide
"AMNISTIA GENERAL A TODOS LOS IMPUTADOS O PROCESADOS POR DELITOS
MILITARES, POLITICOS Y COMUNES CONEXOS, COMETIDOS DESDE EL 1 DE ENERO DE
1960 HASTA LA FECHA, A FIN DE CONSOLIDAR LA PAZ INTERIOR".
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2006/TP2006/2006_tp020.htm
[4] Página de la RedUNCI: http://www.redunci.org.ar/
[5] Ver por ejemplo el caso de la Universidad de Comahue:
http://www.rionegro.com.ar/arch200602/18/e18f05.php
[6] Ver http://www.unl.edu.ar/noticias/noticia.php?nid=548


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