[Todos] Ningún estudiante preso por luchar

[Martín Pérgola]

NINGÚN ESTUDIANTE PRESO POR LUCHAR

 

El juez Lamadrid está llevando adelante una causa a 10
estudiantes de la UBA; los compañeros son destacados dirigentes del movimiento
estudiantil: entre ellos hay dos de los tres actuales copresidentes de la Fuba,
tres ex presidentes, una consejera superior en funciones, presidentes de
centros de estudiantes y consejeros directivos de varias facultades.

Lo que motivó la causa fueron los hechos ocurridos el 28
de mayo en el Rectorado, cuando una movilización de estudiantes y docentes del
CBC de Merlo se presentó en la sesión del Consejo Superior para rechazar el
cierre de la sede. Finalmente, y como consecuencia de una lucha que duró varios
meses, se logró que la sede siguiera abierta y que abrieran otras en zonas
cercanas. El procesamiento es una venganza de los Hallú y los Othacehé por la
derrota que les propinó la Fuba. El fallo apunta a descabezar al movimiento
estudiantil combativo de la Universidad de Buenos Aires y de todo el país.

 

Se los acusa de "secuestro
coactivo agravado por la cantidad de participantes", que tiene una condena
que va de los 10 a los 25 años. El celo con que actúa el juez Lamadrid contra
los dirigentes estudiantiles es inusitado, sometiéndolos a controles propios de
criminales. La interrogación de vecinos y el control del domicilio por parte de
la Policía Federal, la negativa a salir del país, el embargo por 10.000 pesos,
la realización de test socio-ambientales y la apertura de cuadernillos de
imputados son una muestra de la prisa con la que actúa "la justicia"
cuando se aplica a los luchadores.

 

Por su parte la FUBA ha lanzado
una campaña por el desprocesamiento de los diez dirigentes de la Fuba que
se ha transformado en una causa popular. Adhirieron a la misma 124
organizaciones políticas y sociales, 37 de diputados y legisladores (de todo el
arco político con excepción del macrismo), 18 miembros de organismos humanos
(destacándose la de Nora Cortiñas, Pérez Esquivel y Estela Carlotto), 67
representantes de centrales, federaciones y mesas ejecutivas, de 130 delegados
sindicales, comisiones internas y seccionales, de 25 presidentes de centros de
estudiantes, federaciones y agrupaciones estudiantiles, 79 de consejeros y
autoridades universitarias, y más de 350 docentes, investigadores y graduados
universitarios, junto a cientos de firmas recogidas en las diferentes
facultades de la UBA. Los números hablan por sí solos.

 

El consejo directivo de nuestra
facultad se ha sumado al ataque por parte del gobierno nacional y Hallú, lo
cual quedó demostrado en la sesión de consejo superior del 1 de diciembre. En
esa ocasión los consejeros de la mayoría de profesores (ADU), de la mayoría de
graduados (SUMATORIA) y la minoría estudiantil (SINERGIA) se negaron a votar un
proyecto de resolución presentado por la mayoría estudiantil en la cual se le
exigía al gobierno nacional el desprocesamiento de los 10 estudiantes, el
repudio a la criminalización de la protesta y al ataque de las libertades
democráticas y de protesta. ADU, Sumatoria y Sinergia optaron por votar su
proyecto, el cual rechazaba el proceso a los estudiantes pero porque resultaba
demasiado “exagerado” la carátula de “secuestro coactivo”; se mostraron a favor
de la criminalización de la protesta estudiantil, se mostraron a favor de
“ponerle límites” a los reclamos. O sea, lo único que buscan es que se
criminalice a los estudiantes pero bajo otra carátula. En nombre de la defensa
de las instituciones buscan fijar los límites, o sea poner en caja a los que
reclaman.

 

Sin embargo son ellos los que
vienen apoyando estos límites al reclamo hace varios años, por eso se negaron a
investigar a la patota que golpeó estudiantes en la facultad de medicina en el
2006, por eso apoyaron la elección de Hallú mediante un pacto vergonzante en el
congreso de la nación en una asamblea universitaria rodeada de policías (dentro
y fuera del congreso, uniformados y de civil), por eso no hicieron
absolutamente nada para impedir que se cerrara la sede del CBC de Merlo, por
eso apoyaron que el consejo superior sesionara a puertas cerradas rodeado de
policía y por último, por eso apoyan ahora el proceso a los estudiantes. 

 

Esta posición no es más que una
medida revanchista que se están tomando las camarillas de la UBA y la FCEyN
contra los estudiantes que luchan por la educación pública y gratuita, que
tiene como objetivo quebrar los reclamos que se oponenen a las medidas
privatistas. El fallo apunta a descabezar al movimiento estudiantil combativo
de la Universidad de Buenos Aires y de todo el país.

 

En este contexto, la campaña por
el desprocesamiento avanza. Superadas ya las 2000 firmas, se han llevado las
mismas al tribunal correspondiente para demostrar el repudio generalizado que
despertó su política. La lucha por el desprocesamiento es una batalla más en la
lucha por la democratización de la Universidad. 



·        
Martes 16/12 12 hs. Radio abierta en Comodoro Py.

·        
Martes 23/12 hs. Movilización hacia los Tribunales
de Comodoro Py convocada por la FUBA. 


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