[Todos] AFJP ¿volver al 93 o crear otro sistema de previsión?

[Edgardo Mateo Pinna]

LA ELIMINACIÓN DE LAS AFJP

Jubilaciones: ¿volver al '93 o crear un verdadero sistema de previsión
social?

*or Mariano Féliz* para* *Prensa De Frente*.

- La propuesta kirchnerista de re-estatizar el sistema de previsión social
crea el marco para un debate profundo sobre qué tipo de sistema de previsión
social es deseable y posible.

*Volver al Estado*
Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del
fracaso evidente del sistema creado en 1993. Luego de 14 años, las grandes
ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han
cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos
aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con entre
20% y 30% de los aportes.

La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los
aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan
jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos
anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000
millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años
noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale
a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y
Técnica!

Casi el 80% de los quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un
complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado
destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la
cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación
del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de
dependencia están realizando los aportes necesarios.

El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco
negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su
mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un
fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública
(55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual
les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la
re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy
están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios
empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco
político.

A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que
podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas)
la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta
medida de re-estatización.

Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha
comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del
gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009
llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses.
Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los
vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco
de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento
internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se
dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar
la cesación de pagos.

El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el
uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la
"intangibilidad" de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué "guardar" los
activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo
que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se
iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué
atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas
necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?

Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone?
¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La
recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las
jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados.
¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los
salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su
canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya
única restricción parece ser su mero devengamiento!

Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES)
administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos.
¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo
de inversión. La "timba" de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los
fondos excedentes del sistema de manera "más eficiente". En los últimos
meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo
de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados.
¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente
por ello debemos desarmar la concepción "bancaria" del sistema de
jubilaciones.

La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente
financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma
previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia
económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de
los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias
jubilaciones en el futuro. Como si el dinero "guardado" en las cajas
previsionales pudiera transferir valor real al futuro.

El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro.
Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los
jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el
presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los
aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no
puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no
es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario
para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya
aportado en el pasado o cuánto se haya "acumulado" en un fondo, no habrá
nada para redistribuir.

Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto
justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los
mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado
por el trabajo en el presente- a los jubilados.

*Avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él*

La re-estatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones es una
medida positiva, más allá de los motivos que impulsan al gobierno a tomarla.
Pero volver a 1993 no significa hacer lo que es justo, posible y necesario.
Es necesario avanzar, hacer que la proclamada redistribución de la riqueza
pase de las palabras a los hechos.

Primero, el sistema de previsión social debería garantizar un nivel de
ingresos igual a la canasta familiar para trabajadoras y trabajadores
jubilados. Hoy la jubilación mínima es casi 50% inferior a la línea de la
pobreza y está muy lejos de la canasta familiar. Esto a pesar de que el
sistema de previsión social tiene superávit: ¡se recaudan más de 60 mil
millones de pesos, pero se gastan sólo 48 mil millones! La reforma propuesta
no se propone mejorar sustantivamente los ingresos de los actuales
jubilados. ¿Por qué perpetuar jubilaciones indignas, cuando siempre hay
recursos para subsidiar al gran capital agrícola, productivo y financiero?

En segundo lugar, ¿por qué sostener un sistema de previsión que se basa en
los aportes individuales de trabajadoras y trabajadores? El sistema estatal
se constituyó sobre la base de la lógica de las cajas que los/as propios
trabajadores/as crearon en las primeras décadas del siglo XX. La
estatización del sistema de cajas por gremio o rama de actividad fue en su
momento un triunfo de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy, sin
embargo, eso ya es injusto, inviable e insuficiente por varios motivos.

Primero, es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta
familiar (30% de ellas ni siquiera llegan a la línea de la pobreza) deban
aportar a sostener la previsión social, pagando un impuesto para su propia
jubilación. Ellas ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos
regresivos. Más de la mitad de la recaudación de impuestos se sostiene en
impuestos regresivos, que reducen fuertemente el poder de compra de los
ingresos de los hogares de trabajadores y trabajadores.

Segundo, el sistema estatal tal cual se plantea es inviable pues el sistema
de aportes personales (directos o indirectos a través de los llamados
"aportes patronales") ya no puede sostenerse en el marco de un mercado
laboral hiper-precarizado, donde dos tercios de los potenciales aportantes
no están en condiciones de hacerlo y la relación entre ocupados y jubilados
es de aproximadamente 3 a 1. Esto no solamente crea un sistema en crisis
financiera permanente aún pagando jubilaciones miserables, sino que supone
asumir un sistema de previsión social que excluye a la mayoría de los
supuestos beneficiarios. En el contexto actual, la mayoría de los
trabajadores no podrán cumplir con las obligaciones legales para poder
jubilarse en el futuro.

Por último, el sistema estatal tradicional es insuficiente pues en el mejor
de los casos asegura jubilaciones que no permiten vivir dignamente. Al igual
que los salarios, las jubilaciones deben permitir a los adultos mayores
alcanzar la canasta familiar. Comparar, como hace el gobierno, los magros
ingresos de un jubilado del sistema privado (670 pesos si aportó desde 1994
al sistema privado y se jubila hoy con un sueldo de 1500 pesos al momento de
retiro) con los mejores pero igualmente insuficientes ingresos de un
jubilado en el sistema estatal (780 en las mismas condiciones), no habla de
las bondades de este último sino que plantea la necesidad de re-pensar
integral y radicalmente el sistema de previsión social argentino. Muy lejos
está la jubilación estatal del reclamos histórico del 82%: esos 780 pesos
representan sólo 52% del ingreso al momento de jubilarse.

*Por un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la
socialización de la riqueza y los ingresos.*

Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice
niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los
mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y
redistribución del excedente social. La jubilación mínima debería alcanzar a
no menos de 1500 pesos (el doble de la mínima actual, que es de 690 pesos).
Es hora de construir un sistema que, a partir de las retenciones a las
exportaciones, un impuesto general a las rentas financieras y el aumento de
la imposición a las ganancias de las empresas y la riqueza suntuaria,
socialice el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del
pueblo trabajador y que hoy es apropiado por las clases dominantes. Hoy se
gasta cerca de 5% del PBI en el pago de jubilaciones. Con la creación y/o
ampliación de los mencionados impuestos, se podría duplicar fácilmente esa
proporción para alcanzar los valores mínimos mencionados.

Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida de un régimen de
garantía de ingresos para todos los habitantes del país, más allá de su
condición de ocupado, desocupado, jubilado, joven o viejo, que permita
alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este sistema previsional
se tiene que conjugar con el blanqueo de todos los trabajadores y
trabajadoras, tanto en las empresas privadas como en el Estado, que
hipócritamente encara iniciativas "contra el trabajo en negro" mientras
mantiene miles de trabajadores en situación precarizada. También, con un
cambio profundo en el sistema tributario, donde pague proporcionalmente más
el que más tiene, y no al revés, como es ahora. En síntesis, una política
fiscal que permita caminar hacia la socialización efectiva de la riqueza que
producimos entre todas y todos.

**Investigador CONICET, Docente UNLP, Miembro del Centro de Estudios para el
Cambio Social (CECSO). Militante del Frente Popular Darío Santillán. *
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