[Todos] Carta de Perez Esquivel a rectores de las Universidades, por fondos YMAD
lboechi en qi.fcen.uba.ar
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Jue Jun 25 15:51:20 ART 2009
Estimados,
Les reenvíamos esta carta del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, dirigida al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los
rectores de las universidades nacionales.
El motivo de esta carta es la aprobación por el CIN, en 2008 y en 2009, de
la distribución entre las universidades nacionales de fondos proviniendo
del mega-emprendimiento minero Bajo la Alumbrera, ubicado en la provincia
de Catamarca. Se trata de 50 millones de pesos en 2008 y de 36,8 millones
de pesos en 2009.
Teniendo en cuenta que la gran minería tiene impactos terribles sobre las
poblaciones locales, y que el vice-presidente de Minera Alumbrera Ltd.
está actualmente procesado por delito ambiental, Adolfo Pérez Esquivel
pide al CIN y a los rectores de rechazar esos fondos.
Encontrarán en archivo adjunto la carta mandada la semana pasada así como:
- las dos resoluciones del CIN aprobando la repartición de esos fondos,
con el anexo indicando el monto recibido por cada universidad en 2008,
- un informe sobre los daños provocados por Minera Alumbrera Ltd.,
entregado al vice-presidente de la empresa en 2008
- un informe sobre el impacto de la gran minería sobre las poblaciones
locales.
Les agradecemos su atención y esperamos que se podrán sumar para pedir a
cada universidad y al CIN el rechazo de esos fondos.
Atentamente,
Secretaria Nobel
Fundación Servicio Paz y Justicia
Piedras 730 CABA, cp 1070
Tel-Fax: 005411-4361-5745/4307-5136
www.serpaj.org
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.-
Señor
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
Darío Pascual Maiorana
Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales[1]
S / D
Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien.
Me dirijo a Ustedes a fin de expresarle mi profunda preocupación, en
relación a la distribución, entre las universidades públicas, de fondos
provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.
En virtud de la ley 14.771[2] y sin mayor debate, el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con la resolución 672 del 10 de
julio del 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue
luego avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990
mil pesos hasta cerca de 3 millones y medio de pesos por la Universidad de
Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la
Universidad Nacional de Patagonia es la única institución universitaria
que rechazó estos fondos, por motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes,
con la resolución 699 del 18 de mayo del 2009, el CIN aprobó una nueva
distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos.
Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales,
las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas
por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN
como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos
fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad
destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los
derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.
Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería,
cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd.
(100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte
de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[3]; la
contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de
cáncer y las enfermedades respiratorias[4], y provocó la muerte de muchos
animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión
de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que
afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de
las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.
Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de
Córdoba, “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya
procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito
federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”[5].
Así, lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a
suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio
Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de
2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito
ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad en
materia ambiental. Cabe destacar que esta causa se inició en abril de
1999, y, sin la intervención y la perseverancia del Fiscal General de la
Cámara Federal de Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho años más.
El fallo se apoya en pruebas contundentes sacadas de los informes de
impacto ambiental de la empresa misma, demostrando la contaminación de las
aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la
planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La
Alumbrera[6]. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de
la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta
mina[7].
Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de
mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos
sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la
universidad goce de una total independencia para desarrollar sus
investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa
de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que
desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.
Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de
dinero proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida
de las grandes corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son
muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados
y que multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y
el modelo extractivo minero. Eso contribuye a desprestigiar el ámbito
académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad
civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos
los científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer
miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños
irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y
contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron represalias y sanciones
adentro de sus instituciones.
Señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales, les pedimos tengan presente
que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora,
viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al
derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y
a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de
personas.
Las universidades que Uds dirigen deben actuar en defensa del bien público
y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total
independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus
puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el
modelo de país que queremos.
Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del
pueblo y con la libertad académica, solicitamos que cumplen con la
exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD.
Les agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, y
adjuntamos información más detallada[8] respaldando nuestro pedido.
Les reitero mi fraterno saludo.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
[1] Enviamos esta carta a los/as rectores/as de las universidades
nacionales que recibieron parte de estos fondos: Buenos Aires, Catamarca,
Centro, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General
San Martín, General Sarmiento, Iuna, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La
Plata, La Rioja, Lanus, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata,
Misiones, Nordeste, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Patagonia
Austral, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica, Tres de
Febrero, Tucumán, Villa María.
[2] El yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. fue descubierto
por Abel Peirano, que lo registró a nombre de la Universidad de Tucumán en
1948. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad
del yacimiento por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal de
derecho privado. Para explotar la mina, en 1994, YMAD conformó con la
empresa transnacional Minera Alumbrera Ltd. una unión transitoria de
empresas (UTE), por la cual recibe el 20% de las ganancias de esta
explotación. De este monto, según la ley 14.771, a la provincia de
Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un 20% y el
20% restante se dirige al CIN y las demás universidades nacionales.
[3] Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina:
seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e
incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de
investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro
Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos
Aires, 2007.
[4] Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La
Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un
63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá
en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9). Desde entonces el
hospital dejó de publicar datos estadísticos al respecto.
[5] “El oro no brilla en la academia”, Página 12, 5 de junio de 2009.
[6] Más información en: Causa “González, Juan Antonio s/ infracción a la
ley 24.051”. Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.
[7] Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán –
Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
[8] Adjuntamos el informe y carta entregada al vice-presidente de Minera
Alumbrera Ltd., en octubre 2008, así como el informe Impacto de la gran
minería sobre las poblaciones locales en Argentina, realizado en julio
2008.
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documentos adjuntos
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