[Todos] ¿Derechos humanos?

[Colectivo desde el Pie]

El 
diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre
de  2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió
el 13 de marzo de 2010  cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto
López fue asesinado el  23 de noviembre cuando la policía de
Formosa reprimió un corte de ruta  donde se reclamaba por tierras
ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán  es aliado incondicional
del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún  funcionario del
Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al 
contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina
Fernández de  Kirchner compartió una videoconferencia con
Insfrán, transmitida en  directo por Canal 7. Abundaron las
sonrisas y felicitaciones por la  inauguración de una obra
eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el  asesinato. En ese
mismo momento, en la comunidad indígena se daba  sepultura a
Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los 
derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la
 hipocresía.
“Este  Gobierno no reprime la protesta social”. Lo
dijo el ex presidente Néstor  Kirchner infinidad de veces. Lo
repitió (y repite) la Presidenta,  ministros, legisladores. Siempre
fue una afirmación cuestionada por  sectores sociales de izquierda
y siempre fue, también, la bandera de los  intelectuales
orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o  periodista
que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa 
vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron
hasta  Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de
Gobierno.
Gildo 
Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese
último año  asumió la gobernación, cargo que
mantiene hasta la actualidad.  Veintitrés años en el poder
provincial. Nada que envidiar a los gordos  sindicales. Insfrán
apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de  los
primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron
 siete años de apoyos mutuos.
Dentro 
de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno
de  los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente.
Desde hace  décadas las comunidades y organizaciones sociales
denuncian el régimen,  que muy poca difusión tiene en los
medios de tirada nacional. “Exigimos  respeto” es el
título de la investigación de Amnistía Internacional 
sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde
describe  la violación sistemática de derechos humanos, el
despojo de territorios  ancestrales, la pobreza estructural y un aparato
político-estatal que  margina y coacciona a los pueblos
indígenas. Durante dos años Amnistía  trabajó
junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la 
violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho 
internacional, maltrato y discriminación institucional, y
coacciones  propias de la dictadura militar: seguimientos policiales
intimidatorios,  amenazas anónimas y secuestro de personas.
“El gobierno provincial no  sólo ha contribuido a la
violación de derechos, sino también a reforzar  la
situación histórica de discriminación,
exclusión y pobreza de las  comunidades indígenas”,
afirma Amnistía.
La 
Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del 
Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente
de  Desarrollo Social) recibieron la investigación de
Amnistía. Nada  hicieron.
En 
abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del
 Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña.
María Cristina  López, de 22 años, y Mario
García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la  Comunidad La
Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa 
legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían
 territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades
curables  en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de
esas  muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando 
se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar:
los  derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, 
blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los
pueblos  originarios, pero tuvieron que contar con una “voz
autorizada” para  amplificar su pesar: “El genocidio
indígena  está invisibilizado por una  cuestión
de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la 
Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó:
“En la  última dictadura militar se avanzó sobre un
sector de clase media activo  en política, inclusive con un
segmento universitario. Por ello se lo  reconoció fácilmente
como genocidio. Todo depende del sector social que  sufre la
represión y de su capacidad para hacerse oír en
público”.
Chocobar,  Juárez y López, sólo tres de una
larga lista, no eran clase media  urbana. Sus muertes no cuentan (para
muchos sectores) como violación a  los derechos humanos.
Luego 
del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se
tiraron  culpas sobre quién cargaría con la muerte y el
costo político. La clase  política y la corporación
periodística tiraron pescado podrido según su  conveniencia.
Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la 
represión formoseña nadie del oficialismo necesitó
esbozar una  diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el
kirchnerismo es  Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y
que el costo político y  social del asesinato indígena no se
asemeja a otras muertes. Un indígena  no es comparable, creen, con
María Soledad Morales, Carlos Fuentealba,  Darío y Maxi. Un
asesinato indígena pareciera no tener costos
políticos.
Sin 
embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo
 Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el 
kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos 
originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: 
monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de
árboles,  agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son
políticas de  Estado. El menemismo creó la ingeniería
legal para esas industrias, y el  kirchnerismo es la continuidad y
profundización de ese modelo  extractivo.
Sólo  dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la
minería nunca antes  crecieron tanto como en estos últimos
siete años. Nunca antes se usaron  tantos agroquímicos, se
desmontó y se explotó recursos naturales como en  la
última década. Y el avance de estas industrias implica el 
avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación
de  derechos humanos a cuesta.
En 
Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza
y se  fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y
nacional.
Los 
pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias,
pero una  gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el
convencimiento para  defenderlo. La conflictividad rural es una
consecuencia lógica, y la  represión es la respuesta estatal
y privada a esa resistencia.
Salta, 
Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a 
Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e
indígenas.  Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al
igual que San  Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre
asambleas  socioambientales que rechazan la minería. La
oposición también hace lo  suyo: Neuquén, Río
Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa  y tampoco merecen
la crítica de la Presidenta.
La 
muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a
intelectuales y  periodistas para repasar y remarcar las justas medidas
que el Gobierno  tomó en favor del pueblo.
El 
asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser
(al  menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento
justo  para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre
todo, la  complicidad política que ocasiona esos
asesinatos.
Optar por el silencio es
muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán
hecho”.
--
Fuente: blog
de Dario Aranda
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://mail.df.uba.ar/pipermail/todos/attachments/20101129/acfb2ead/attachment.html