[Todos] Declaración Parte II

[Comisión Interclaustros de Bienes Comunes]

Cuadros
dentro de cuadros: contexto económico general y aspectos
socio-ambientales.
Una
aproximación a la lectura de la
problemática
El
paradigma extractivista en el que se asienta la actividad en
cuestión, tiene larga data y una
historia
oscura en América latina. Historia íntimamente relacionada
con la esclavización el despojo y el consecuente empobrecimiento de
las poblaciones.
Siguiendo
esta tradición, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la
escasez de los recursos naturales de los países del primer mundo (o
desarrollados), la presión de estos países sobre los del
tercer mundo (o subdesarrollados) para liberalizar sus economías, y
la consecuente acentuación de la división internacional del
trabajo, han favorecido la expansión de proyectos de
extracción y explotación de los bienes naturales a gran
escala en territorio Latinoamericano. Este fenómeno se
afianzó en la década de los 90´s, cuando la mayor
parte de los países de la región llevaron a cabo reformas de
sus marcos regulatorios en beneficio de las grandes empresas
transnacionales.
Si
bien Argentina no tiene tradición minera, como sí la tienen
Chile, Bolivia y Perú, el proceso de implementación del
modelo minero argentino, presenta características de crecimiento
vertiginoso, muy similares a la de dichos países latinoamericanos.
A su vez resulta interesante notar que las estrategias mediante las cuales
se construye y enuncia la legitimidad del modelo minero, coinciden
notablemente con aquellas a través de las cuales se da la conquista
de la legitimidad y la consecuente expansión del modelo
extractivo-explotador en toda la región latinoamericana. Por
consiguiente, el modelo minero se afianza fuertemente en la capacidad de
sus correlatos institucionales de establecer una ilusión de
desarrollo mientras se ocultan las consecuencias que tiene en la sociedad,
el medioambiente y la cultura. Se trata de un tipo de minería que
se manifiesta muy interesada en mostrar las espectaculares dimensiones del
crecimiento del sector, ocultando estratégicamente
información fundamental acerca de, no solo cómo esta
práctica incide sobre la naturaleza y la sociedad, sino
también sobre la descripción del estado y avance de los
proyectos.
La
megaminería se caracteriza por desarrollar la explotación a
cielo abierto y no en vetas como
ocurre
en la minería de socavón. En este tipo de explotaciones a
cielo abierto, como es el caso de Bajo La Alumbrera, el paisaje natural se
ve ampliamente modificado, ya que para extraer el
mineral,
generalmente ubicado a unos cientos de metros de profundidad, se debe
extraer
previamente
la cubierta de rocas estériles más superficiales. Esta
cubierta se extrae mediante la
voladura
de grandes cantidades de roca a través de explosiones. Como
consecuencia, el aire se
contamina
debido a que los explosivos contienen óxidos de nitrógeno
que, en contacto con el aire
y
la lluvia producen lluvia ácida. La lluvia acida afecta a los seres
humanos, a los animales y
principalmente
a la vegetación. Por otra parte, es crítico el efecto que
tienen los proyectos sobre
los
bienes hídricos de las zonas en explotación. Las voladuras
modifican profundamente la red
hidrográfica,
afectando el área de recarga de los acuíferos
subterráneos, fuente irremplazable de
agua
de los productores agro-ganaderos locales. Además, para lograr la
separación y
concentración
de los metales de interés económico se emplean procesos de
flotación y/o
lixiviación
(lavado) que utilizan grandes cantidades de agua subterránea, con
la consecuente
depresión
los acuíferos.
En
concreto, Minera Alumbrera cuenta con un permiso del gobierno de Catamarca
de extracción de
1200
litros de agua por segundo (cien millones de litros por día) de una
reserva natural de agua
fósil
en el Campo del Arenal. También utiliza grandes cantidades de agua
para transportar los
concentrados
logrados con diversos elementos reactivos (la sopa química), hacia
una planta de
procesamiento
en Tucumán localizada a 316  Km de la mina. Este transporte ha
producido
numerosos
derrames por erosión y rotura del mineraloducto, y como este se
ubica en buena parte
de
su recorrido en el lecho de ríos, las aguas han resultado,
frecuentemente contaminadas.
Si
bien el caso del agua es el más emblemático, la
minería a cielo abierto implica grandes niveles
de
afectación del medioambiente, genera cuantiosos pasivos
ambientales, demanda grandes
cantidades
de recursos (además del agua, principalmente energía) e
interviene de manera
violenta
en la geografía de los territorios explotados. En lo social,
desplaza comunidades, despoja
de
sus derechos territoriales a pueblos indígenas, avasalla los
derechos de las poblaciones,
destruye
patrimonios arqueológicos, zonas protegidas y viola derechos
ciudadanos. Frente a los
grandes
intereses económicos que se ponen en juego, el poder judicial que
debiera velar por el
respeto
de los derechos de las comunidades y el cuidado del medio ambiente, lejos
se encuentra
de
atender los reclamos de las comunidades afectadas y darles respuestas
satisfactorias.
En
este marco, Los procesos de movilización asamblearia han ido
conduciendo a una concepción
de
la territorialidad que se opone al discurso y la visión
desarrollista dominante en los discursos de
los
actores de poder.
Pese
a lo sostenido en discursos públicos y mediáticos de los
actores hegemónicos (Cristina
Fernández
de Kirchner, Gioja, Lucía Corpacci, y, Julián Rooney, entre
otros), sus narrativas y
retoricas
teatrales en torno al mito de la apertura de un debate “serio”
sobre megaminería, en la
práctica
se intenta acallar cada vez con más fuerza a las voces que
cuestionan esta actividad. Eso
sí
estos discursos son funcionales para lograr legitimidad y consenso social
entre la población que
no
se sienten directamente afectada por estos proyectos. El sector
político-empresarial tiene bien
claro
que no le conviene propiciar un debate público sobre el modelo
extractivo-exportador
megaminero.
Esto nos habla del escenario democrático en el que se desenvuelven
los conflictos,
de
los procesos electorales, las practicas de representación
delegativas; de la capacidad de
injerencia
y presión de las corporaciones sobre las decisiones ciudadanas y
judiciales; y la
desatención
del estado de su obligación de garantizar a la ciudadanía el
derecho a acceder a la
información
de interés público.
El
presente texto, es entonces una declaración elaborada a partir de
la información recopilada tras
más
de un año que de trabajo, y aporte de la gente que se acercó
y participó en muchas de las
actividades
que hemos organizado desde la CAIBC. Actividades que no sólo fueron
formativas para
el
público asistente, sino también para nosotros/as mismos/as,
ya que nos permitió profundizar
nuestros
análisis y discusiones.
Tenemos
por objetivo abrir el debate, e iniciar un canal de comunicación
entre las voces
silenciadas
de los afectados y los oídos ensordecidos de muchos intelectuales
en ciencias exactas
y
naturales. Estos/as últimos/as, y en particular los/as formados en
geología, son pieza clave y
protagónica
para la actividad megaminera.
Desde
el discurso todos y todas aparentamos estar de acuerdo en que es menester
"poner a la
universidad
al servicio del pueblo y sus intereses". Sin embargo, en la
práctica, las ambiciones de
grupos
particulares se nos presentan como los intereses de "la sociedad en
general" y la relación
universidad-sociedad
termina resolviéndose en articulaciones entre los formados por las
distintas
casas
de estudios y el sector productivo (en este caso, el sector minero). A la
hora de diseñar
políticas
universitarias, siempre el problema a solucionar es cómo satisfacer
las demandas del
sector
productivo (discusiones que hemos dado cuando se quisieron acreditar las
carreras de
grado
de la FCEyN-UBA ante la CoNEAU, poniéndose en riesgo los planes de
estudios).
La
problemática nos obliga a la reflexión: ¿Existe la
neutralidad científica? ¿Es total y
completamente
objetivo el conocimiento académico? Para dar respuesta a estos
interrogantes,
vale
la pena poner en consideración que los intereses de las ciencias
exactas y naturales no son
otros
que los intereses que dichos/as científicos/as tienen: Sujetos
inmersos en un sistema
económico
mundial capitalista, signado este último por la avaricia y la
insaciable acumulación. Los
intereses
de los/las científicos/as acaban subordinados entonces a los
requerimientos del aparato
productivo
y, por tanto, a los intereses económicos hegemónicos que
constituyen el marco
epistémico
(en el que han de insertarse sus objetivos y métodos de estudio).
Así, los intereses y
desarrollos
de la ciencia no pueden ser otros que los impuestos por el sistema
antedicho. La
parcialidad,
frente a la megaminería a cielo abierto y, en particular, frente a
los fondos de YMAD;
son
sólo un ejemplo y un caso que aquí venimos a abordar. Es de
vital importancia que cada uno/a
de
nosotros/as, comunidad de Exactas, tome un posicionamiento frente a esta
cuestión dado que
estamos
involucrados en la problemática.
El
posicionamiento político trasciende el 'declaracionismo' y se trata
de un deber ético e ineludible
para
cada uno de nosotros/as así como para la comunidad de
científicos/as de exactas y naturales
toda
y a la Universidad en su conjunto.
La
lucha y la resistencia existen, están ahí en los territorios
explotados salvajemente. No puede
hacerse
oídos sordos a las voces de aquellos pueblos que, en definitiva,
están defendiendo su derecho a elegir de qué modo vivir.
Esas mismas voces que brotan a través de los poros de la historia y
se hacen oír como un grito que viene de lejos en el tiempo. Cuando
la verdad no lograse revelarse, pues se rebela.
 
Comisión abierta Ínter claustros de
Bienes Comunes


Comisión abierta interclaustros de
bienes
comunes.

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