[Todos] Declaración Parte III

[Comisión Interclaustros de Bienes Comunes]

La megaminería como pilar económico en Argentina
Como
es sabido, el sustento económico de nuestro país, desde que
existe como tal, se ha construido en torno a las demandas de los
países centrales. Cuando se pidió lana, ovejas criamos,
cuando carnes, vacas. ¿El mundo necesitaba un granero? Avanzamos
pues, contra el indio y los bosques, para liberar a la segunda llanura
más grande del mundo de todo lo que le impida ser un polo
agropecuario. Actualmente la economía nacional se encuentra atada a
la exportación de bienes primarios con demanda voraz en el mercado
internacional y precios altos, pero también volátiles. La
extensión de la nueva frontera agropecuaria no se hizo sin
depredación. El modelo del agronegocio arrasa suelos, desplaza
comunidades, desarma economías regionales, silencia resistencias.
Aunque no haya sido de público conocimiento sino hasta hace unos
meses, también
es la lógica del negocio megaminero en
las provincias cordilleranas. A este modelo, a este
paradigma donde
el bien de interés que el país le ofrece al mundo es su
riqueza no renovable minerales y suelos fértiles, lo caracterizamos
como extractivo-exportador, y consideramos que su consolidación es
hoy una política de estado.
A la fecha, es admitido por la
mayoría de la población que durante el período de
nuestra historia conocido como neoliberal se asistía al
desmantelamiento del poder del Estado en materia económica. En
particular, esto se tradujo en materia jurídica a la
reorganización del marco legal para la concesión y
explotación de yacimientos que reportaran riqueza mineral, con el
objetivo de maximizar la libertad de acción de los capitales
extranjeros que arribaran al país. Decimos entonces que el Estado
se transformó en meta regulador, ya que su única tarea es
allanar el terreno para que sean las empresas las que dicten las reglas de
juego, y que la actividad económica así desarrollada es de
enclave, ya que la porción de territorio concesionada queda
supeditada a las normativas del capital privado. Este modelo, este marco
regulatorio y este tipo de explotación subsisten hoy intactas, si
acaso no se han profundizado, y encuentran la en megaminería
metalífera y los agronegocios dos expresiones cabales y relevantes
en la economía nacional. Llegados a este punto es necesario
señalar que en el imaginario social la nación argentina es
más cercana a una gran pampa cerealera que a 5000 km2 de minas en
actividad, y que esta característica estuvo muy presente en la
mente de quienes consolidaron este modelo:
“La Argentina no
posee una gran tradición minera (...) Por ello, nuestro país
se encuentra en buena posición para consolidar una minería
competitiva con la incorporación de una gestión ambiental
eficaz. Con la llegada de los nuevos capitales de inversión y la
experiencia de las empresas que hoy son grandes potencias en esta
actividad, nuestro sector minero se ha concientizado y puso de manifiesto
expresamente la necesidad de que ese desenvolvimiento se encuentre
amparado por una normativa definida con claridad y que no dependa de
reglas sujetas a interpretaciones discrecionales (...)”.
Es
así que la falta de información en la materia de la
mayoría de la población fue uno de los factores que
catalizaron la implantación de un modelo que de otra forma
habría enfrentado muchas más resistencia. Téngase
presente que cuando hablamos de megaminería ya no nos referimos a
la minería tradicional de socavón, practica también
discutible, sino a la minería a gran escala, esa en la que el metal
diseminado en toda la montaña es extraído a través de
grandes explosiones. La que a partir de sustancias como el cianuro y el
acido sulfúrico -entre otros- lixivia (disuelve) los metales del
mineral contenido en muy baja proporción. Nos referimos a la
megaminería transnacional metalífera a cielo abierto, que
implica cambios irreversibles en el medioambiente, acarrea una carga
monstruosa de externalidades (pasivos ambientales remanentes al finalizar
la actividad y enorme consumo de agua y energía durante la misma) y
la que mayor impacto tiene sobre la biogeografía de los territorios
explotados. Esta actividad entre el año 2003 al 2009 ha tenido un
aumento en sus inversiones del 1014%, que al día de hoy representa
un 4,5% del Producto Bruto Interno (sólo un par de puntos por
debajo de la soja).
Durante los meses de enero / febrero de 2012,
cobraron visibilidad nacional decenas de
manifestaciones de pueblos a
lo largo de la cordillera en resistencia a estos emprendimientos. Los
habitantes de la zona asisten al desabastecimiento frecuente de agua y
energía, al aumento en los casos de muertes por cáncer, al
silencio e inacción por parte de las autoridades provinciales, a la
no materialización de los beneficios económicos prometidos,
y en un caso extremo Andalgalá al intento de traslado de una parte
del pueblo para la explotación de su subsuelo. Si nos remitimos a
los datos oficiales, nos encontraremos con que la minería parece
ser nada menos que un motor de desarrollo para regiones atrasadas, que las
provincias dependen fuertemente de sus regalías, que
sin esta
actividad no se podría gozar de los beneficios de la
tecnología. ¿Cómo podemos explicar esta
dicotomía en los discursos?
Por el mero hecho de ser una
actividad que reporta ingresos por regalías que representan una
parte importante del presupuesto, en provincias cuya economía fue
previamente devastada, es imaginable que será defendido a muerte
por los apologistas del modelo. A pesar de los reiterados reclamos
levantados por los pueblos, y como si desconocieran lo que declara en su
Informe de Impacto Ambiental de 1998 la propia empresa Minera Alumbrera,
el gobierno insiste en hablar de minería sustentable, de
reinversión de las ganancias en obras para la sociedad, de que
siendo la minería un eslabón indispensable en la cadena de
producción de nuestra sociedad, es necesario dar un
reflexión madura al respecto, y encontrar la forma de llevarla
delante sustentablemente.
Sin embargo, el discurso oficial tiene muy
claras sus prioridades:
La Presidenta aprovechó para sostener
que "la minería genera importantes fondos para las
provincias" y que "es muy loable cuidar a la fauna y la flora
pero primero a la especie humana de que tenga trabajo, que tenga agua, que
tenga casa". En ese tono, resaltó que "no solo hay que
exigirles a las empresas el cuidado medioambiental sino también la
reinversión de utilidades en las comunidades"
Lo que hace
sospechar que mientras el dinero siga llegando a las arcas, no
habrá iniciativa oficial de adoptar una política estricta o
dar un debate serio al respecto. En efecto, el porcentaje sobre los
ingresos totales que la actividad minera le representa a las provincias es
significativamente mayor que el de la nación, y son estas quienes
poseen el patrimonio natural, según el artículo 124 de la
Constitución Nacional. Así, se entiende que durante los
procesos de lucha popular acaecidos durante el verano de 2012, los
oficialismos locales no hayan vacilado en contestar con
represión.
Esta vez, las protestas no eran meramente una
actividad testimonial, sino que los cortes de ruta selectivos en puntos
estratégicos protagonizados por las asambleas locales buscaban
entorpecer el abastecimiento de insumos para las minas. El mensaje de los
pueblos era claro: no vamos a permitir que se prosiga con esta actividad
hasta que el gobierno no reconozca el carácter nocivo que tiene
para con nuestra tierra y se haga cargo de remediarlo. La respuesta,
también: no se puede vivir en un mundo sin minería, detener
esta actividad es detener el desarrollo.
Consideramos, pues, que en
el escenario nacional existe hoy un conflicto estructural entre los
pequeños pueblos de la cordillera, que viven en carne propia los
efectos adversos de la minería sobre sus tierras y su agua, y una
cúpula gobernante que parece considerar sus protestas como
inmaduras por no tener en cuenta lo esencial que la actividad es hoy para
el funcionamiento de la sociedad.
Los fondos de Y.M.A.D. en nuestra
facultad
Creemos que la falta de un debate público y masivo,
en la UBA y en nuestra Facultad, acerca de las consecuencias del modelo
extractivo-exportador minero se debe engran medida a la efectividad de las
estrategias político–empresariales que operan para que ello
no tenga lugar. Estas estrategias, que tienen como objetivo construir un
consenso social acrítico, se apoyan en el manejo de la
información y en la conquista del discurso público a
través de retóricas de desarrollo.
Como parte clave de
estas estrategias, aparecen voces universitarias y de instituciones
científico-tecnológicas públicas que legitiman la
megaminería a cielo abierto desde un lugar de supuesta objetividad
académica y apelando al imaginario colectivo de neutralidad del
conocimiento científico. De este modo se posicionan junto a las
empresas en el proceso de oposición, réplica y
descalificación de los movimientos socioambientales.
Estas
voces sostienen también -entre otros argumentos- la necesidad de
los productos de la minería. Por un lado, reducen la postura de las
comunidades a “fundamentalistas antimineros” ya que niegan la
distinción entre minería y megaminería a cielo
abierto. El informe de Ramos, al que nos referiremos en detalle a
continuación, menciona como “ejemplos de necesidad
minera” los caminos de Tandil, que son producto de mineras de
cantera y no de megamineria a cielo abierto.
Por otro lado se habla
de la necesidad de los productos de la minería pero sin mencionar
que los metales que extraen las empresas multinacionales se exportan
prácticamente en bruto. De hecho cuando la industria nacional
necesita de esos mismos metales como insumo, los debe importar a precios
muchísimo mayores a los precios de exportación. Por lo cual
el modelo extractivo lejos de aportar a la industrialización, en
realidad consolida a la primarización de nuestra
economía.
¿Por qué creemos que hay que rechazar
los fondos provenientes de YMAD?
Yacimientos Mineros de Agua de
Dionisio (YMAD) nace en 1958 con la Ley 14.771 y es a través de
esta empresa que la Provincia de Catamarca, el Estado Nacional y la
Universidad de Tucumán
participan en un 20% de la Unión
transitoria de Empresas que está a cargo de la explotación
de
Bajo la Alumbrera (el 80%restante corresponde a capitales privados
y empresas transnacionales).
En esa ley se estipula que el 40% de las
utilidades totales de YMAD deben repartirse como fondos,
equitativamente, entre la Universidad Nacional de Tucumán por un
lado y todas las universidades
nacionales del país por el
otro. Esto sucede porque el yacimiento fue descubierto por un profesor
de la Universidad Nacional del Tucumán (Abel Peirano) que
así lo exigió cuando cedió su
explotación.
2008
Después de más de una
década de explotación de YMAD, “algunos
señores” se acordaron de la existencia de la ley 14.771.
Entonces se decretó como finalizada(luego de más de 10
años) la construcción de la Ciudad Universitaria de la Univ.
Nac. del Tucumán que hasta entonces consumía estos fondos y
recién a partir de allí se comenzaron a repartir los fondos
entre todas las Universidades Nacionales. No nos parece casualidad que
esto haya sucedido cuando empezaban a crecer las denuncias, tanto de las
comunidades directamente afectadas por las actividades mineras, como en
diversos ámbitos de la cultura (entre ellos las universidades
nacionales).
Estamos convencidos que las Universidades Nacionales
deben ser financiadas con fondos del Estado, y de ningún modo se
pueden aceptar fondos de empresas que tienen un largo historial de
violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas junto con
un desprecio absoluto por el cuidado del medio ambiente. La
aceptación de los fondos genera un vínculo de intereses a
partir de los cuáles las Universidades avalan dichos
emprendimientos, cuando no los promueven.
Entre los múltiples
convenios de Universidades con empresas mineras, podemos citar el caso de
la Univ. Nac. de San Martín (UNSAM) con Minera Alumbrera en el
“Plan de mejora del sistema educativo de las localidades de
Andalgalá, Aconquija y Belén en la provincia de
Catamarca” (2008). Dicho plan, es sólo un ejemplo de las
distintas estrategias puestas en marcha por las empresas para la
“construcción de consensos que permitan un desarrollo
sustentable de la minería”.
Cuando surgió el tema
en nuestra Facultad, la minoría por el claustro de graduados
presentó en el Consejo Directivo (CjD) un proyecto que
proponía rechazar los fondos provenientes de YMAD. En cambio, la
Lista ADU (claustro de profesores) presentó un proyecto de
resolución que solicitaba al Consejo Superior (CS) que destine los
fondos provenientes de YMAD a estudiar el impacto social, ambiental y
económico producido a partir de la explotación de Bajo La
Alumbrera. Sin embargo, los fondos provenientes de YMAD, correspondientes
al año 2008, ya estaban imputados por el rectorado para realizar la
compra del ex Cine Cosmos (ampliación del Centro Cultural Ricardo
Rojas) antes de ser aprobados por el CS, hecho del cual el oficialismo
estaba al tanto. De hecho el
rectorado en principio intentó
usar esos fondos sin pasar por el “trámite” de
aprobación por el CS (como exige el estatuto de la UBA). Por otra
parte los efectos sociales y económicos que proponía
estudiar el proyecto presentado porel Dr. Victor Ramos (miembro de ADU), y
apoyado por Sumatoria (mayoría por el claustro de graduados), ya
estaban siendo estudiados desde hace años por reconocidos
investigadores de ciencias sociales de nuestro país, por ejemplo
podemos citar el libro de “Minería transnacional, narrativas
del desarrollo y resistencias sociales” (M.Svampa y M. Antonelli),
cuya lectura recomendamos.
Finalmente el CS, a pesar de los numerosos
cuestionamientos que se emitieron, votó por
abrumadora
mayoría a favor de aceptar los fondos de YMAD y los
incorporó al presupuesto de la
UBA. Cabe recordar que nuestro
Decano votó a favor de aceptar estos fondos en el CS, a pesar
del
fuerte debate que se dió tanto en la Comisión de
Interpretación y Reglamento como en el CjD de
nuestra
Facultad. No existen datos acerca del uso que se les dio a los fondos
provenientes de
YMAD en los años posteriores (2009 a hoy).
2009-2010
“(…) El argumento a favor de aceptar los
fondos consiste en que estos no son una donación que la
empresa hace a las Universidades, sino que la Ley Nacional que
creó YMAD en 1958 estipula que
dichos fondos deben repartirse
entre las Universidades por intermedio del Estado. De esta manera,
aceptar los fondos no constituiría en si un problema ético
puesto que no sólo no se genera
vinculación u
obligación alguna con la empresa sino que ni siquiera es una
decisión de la misma
otorgarlos. (…) Dar cumplimiento a
los objetivos fijados en una Ley Nacional que establece el
destino de
las ganancias provenientes de una empresa estatal no significa avalar las
condiciones
perniciosas en que la Ley de Inversiones Mineras permite
a empresas extranjeras explotar nuestros
recursos naturales.”
(Fragmento del correo electrónico titulado “Sobre los fondos
YMAD”, enviado
por Sumatoria a todas las listas de mails de la
fcen el 18/6/2009).
En el año 2009 el CS además de
aceptar los fondos de YMAD apoyándose en argumentos
netamente
legalistas decidió formar una Comisión Interdisciplinaria
sobre Actividad Minera (Res.
Nº 6828/09). Dicha comisión
presentó un informe en 2010 en el cual solo se habla en forma
genérica de megaminería a cielo abierto, sin siquiera
analizar el estudio de impacto ambiental y
otros informes presentados
por la propia empresa. Nuestra Facultad envió como representante
a
dicha comisión al Profesor Víctor Ramos. El documento
elaborado por Víctor Ramos (que se puede
leer en la
página web de la facultad) solo expresa su opinión personal;
según la cual, esta forma de
minería es necesaria a
nivel global para el progreso (entendido claro, como desarrollo
tecnológico
y profundización de los modelos
extractivistas). Está escrito a tono de manual para la escuela
secundaria y no presenta datos ni tiene referencias. Es decir, ni
siquiera consta de un análisis de la
información
existente, como los datos recabados por los organismos de control de la
provincia de
Catamarca cuando el Ingeniero Héctor Nievas se
desempeñaba allí. Así como tampoco tenía en
cuenta la información presentada en las causas judiciales
abiertas a raíz de las reiteradas
denuncias por
contaminación que tiene Minera Alumbrera. Dicha comisión de
“investigación” fue
cuestionada por la
socióloga Norma Giarraca, profesora de la Facultad de Ciencias
Sociales,
cuando presentó su carta de renuncia:
“Sinceramente acepté participar en esta comisión
porque había pensado que era el ámbito para
dar una
discusión entre investigadores autónomos e independientes de
las corporaciones mineras.
Me imaginé además que
había un lenguaje común para entendernos (por ejemplo, que
los
informes de las mineras son materiales a analizar y no a tomar
como bibliografía). El libro con
cuatro universidades
nacionales coordinados por Maristela Svampa y Mirta Antonelli en el que
participo y que va por su segunda edición (en un año) no
había sido leído por ningún miembro y
por otro
lado circulaban los informes de las corporaciones. Las recientes palabras
en el diario
Tiempo Argentino (8/8/10) de Maristella Svampa se
aplican muy bien al ánimo que motiva esta
misiva. Dice la
investigadora: “Me parece que el trabajo de experticia es algo
absolutamente
necesario. Pero estamos en un momento en el cual hay
que construir un saber experto
contrapuesto a los intereses
hegemónicos. La construcción de un saber experto
independiente
significa, por ejemplo, que si hoy en día
tenemos debates en torno al modelo sojero o en torno almodelo minero, los
investigadores de una universidad no pueden estar contratados por una
empresa minera o estar al servicio de actores económicos que en
el agro tienen un gran
protagonismo. No pueden ¡Eso no es
independencia!”
[Beatriz Krom, por ejemplo, era la asignada por
la Facultad de Derecho para participar de dicha
comisión y
era, a la vez, la asesora legal de la Cámara de Empresarios Mineros
(CAEM)]
2011
El trece de junio, la comisión de bienes
comunes presentó, con el apoyo de las agrupaciones
estudiantiles y de la minoría de graduados, ante la
Comisión de Interpretación y Reglamento del
CjD, un
proyecto de resolución que proponía el rechazo de los fondos
provenientes de YMAD,
aplicando lo que en derecho se llama principio
precautorio hasta tanto no se haya probado
fehacientemente que la
explotación de Minera Alumbrera no genera contaminación
ambiental; y
hasta tanto se hayan debatido sus implicancias en todos
los ámbitos de la comunidad. La
agrupación de graduados
Sumatoria contrapuso un proyecto proponiendo, una vez más, al
igual
que en 2009, que la Facultad solicite fondos al CS para llevar
a cabo “investigaciones” tendientes a
definir si existe o
no contaminación ambiental debido a la explotación del
yacimiento Bajo La
Alumbrera. Ese proyecto no sentaba posición
con respecto al tema de la aceptación del dinero
proveniente
de YMAD; desviando el eje de la discusión. Además, si dichas
“investigaciones”
determinaran que YMAD contamina, por
ejemplo con cianuro, ¿La UBA mientras tanto va a estar
aceptando fondos provenientes desus ganancias?. Los consejeros de
Sumatoria y ADU se apoyan
en que la aceptación de los fondos
es legal, sin tener en cuenta la discusión ética y el
vínculo de
intereses que la aceptación establece entre
la Universidad de Buenos Aires y las empresas, tanto
estatales como
privadas.
En resumen
Cuando intentamos debatir este tema el
año pasado los consejeros oficialistas de la FCEN nos
respondieron que no se trata de un tema trascendente, que es un tema
irrelevante y fuera de la
agenda de las incumbencias de la comunidad
de la FCEN. Desde la Comisión Interclaustros de
Bienes Comunes
reivindicamos y reafirmamos elrol crítico que deben
desempeñar todos los
integrantes de la comunidad
universitaria, más aun en una Facultad de ciencias. Esto es
imposible
si la universidad pública no se involucra
activamente en la producción social de saberes, así como
en la discusión de las problemáticas sociales que la
atraviesan, acerca de los modelos de
desarrollo,
científico-tecnológico, productivo y de educación.
Abordamos la cuestión de la práctica megaminera como forma
de discutir sobre el modelo
extractivo-exportador y explotador, tarea
compleja e imposible de saldar hasta que no se abra un
debate amplio,
hasta que no se instale una verdadera discusión, publica y
académica sobre las
complejas dimensiones, y los
múltiples sentidos que recubren la palabra “desarrollo”
o “progreso”.
Para esto es necesario que la universidad
adopte dispositivos que nos permitan abordar los
debates en forma
conjunta, como comunidad. El intento de Exactas de hacer esto fracasa,
es
pobre, sesgado e insuficiente pues no cuestiona la
participación del estado en ganancias que se
originan en una
práctica económica que no garantiza el bien común
sustancial.
De no atenderse este debate, el riesgo que se corre es
grande: por indiferencia, desconocimiento,
u omisión, podemos
convertirnos en cómplices activos (si es que ya no lo somos) de
dejar pasar una discusión por delante de nuestras narices, sin
reflexión, sin consultar ni escuchar las voces de las poblaciones
afectadas y en pie de resistencia; de perpetuar un modelo extractivista,
desconociendo la oposición y la soberanía de las
poblaciones; de contrariar la voluntad de miles de hombres, niños y
mujeres; oprimidos y explotados, que en este momento se encuentran en
lucha política y debate acerca de los graves efectos sociales y
ambientales de las actividades extractivas que hoy día se llevan a
cabo en nuestro país.
La discusión que nosotros
proponemos comprende la dimensión técnica, sólo que
además tiene en consideración que en tanto actores sociales;
estudiantes, docentes y trabajadores de la ciencia, también debemos
debatir las implicancias éticas y morales de nuestras
prácticas laborales. Esto último implica entrar en dialogo
con otros actores sociales que se encuentran por fuera del ámbito
académico, dándoles voces en nuestros debates.
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