[Todos] Política científica en la Argentina y en la FCEyN

[Punto de Inflexión - Graduados]

Continuamos con esta serie de mails con las que, en el contexto de las
elecciones de Consejo Directivo, buscamos abrir el debate sobre diferentes
aspectos del modelo de Universidad y la forma en que se hace ciencia en el
país. Para los que no nos conocen, hemos enviado previamente una
presentación y nuestra visión sobre la extensión universitaria
(https://www.facebook.com/PuntoDeInflexionFCEN/notes).

En este documento hablaremos sobre la política científica nacional y de la
FCEyN. Desde Punto de Inflexión, entendemos que la ciencia es una
actividad estratégica para cualquier sociedad o país, y creemos que como
tal no puede llevarse a cabo desentendiéndose de sus implicancias y
consecuencias sociales y políticas. Debemos construir un sistema
científico que contemple y aporte a resolver los problemas de nuestra
sociedad, desde la inclusión de los diferentes actores sociales, y
colocando la educación, la salud, la igualdad y el bienestar social por
sobre los valores de rentabilidad y competencia que impone el mercado.
Nuestro trabajo como científicos es promover la politización y trabajar en
torno a estos temas para que dejen de parecer utópicos, en el marco de lo
que Rolando García llamó “la construcción de nuevos posibles”.

Empecemos por hacer un análisis del sistema científico actual para ver
luego qué podemos hacer desde la Facultad y qué se hace actualmente.

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La política científica del kirchnerismo

El sistema científico en Argentina ha sido desde el comienzo un conjunto
de instituciones que trabajan de forma independiente y desarticulada,
según objetivos propios que se le imprimieron a cada institución en su
fundación. A este problema histórico se le suman varias décadas de
desfinanciamiento y deterioro, profundizado en los ‘90. En 2007, se crea
el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), punta de lanza (al menos
en lo discursivo) del proyecto de la presidenta Cristina Fernández, que
busca por primera vez enfrentar los problemas mencionados. Se abrieron
fuentes de financiamiento, se fortaleció y jerarquizó el sector
científico-tecnológico y se generó un plan de acción para los próximos
años. Sin duda estos hechos representan avances para el sector y elevan el
nivel de los debates. Por primera vez en mucho tiempo, estamos en
condiciones de discutir más allá de los reclamos gremiales y de
presupuesto, que siguen muy vigentes, para debatir además qué queremos
hacer con el sistema científico-tecnológico.

El proyecto del kirchnerismo para el sector científico fue recientemente
plasmado en el extenso documento “Argentina Innovadora 2020”, elaborado
desde el MinCyT. Desde una retórica desarrollista, plantea objetivos
variados que van desde la sustitución de importaciones y la tecnificación
de la industria, hasta la preservación ecológica y el cuidado social. Sin
embargo, desde un principio se puede apreciar que estos ejes tienen pesos
relativos muy diferentes, siendo la relación de las instituciones públicas
con el sector privado el eje articulador de la política científica
planteada.

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Las instituciones científicas y el sector privado

En el documento se explicita que “el sistema público y el privado actúan
de modos diferentes pero complementarios”, aludiendo a la necesidad de
vincularlos en función del “beneficio de todos”. Este eufemismo es una
constante en el discurso kirchnerista, donde los intereses de la sociedad
se confunden, y son puestos en pie de igualdad, con las necesidades de la
empresas y el mercado. Cuando se habla de promover el desarrollo y la
investigación de nuevas tecnologías en el sistema productivo, se asume por
obvio que esto va a redundar necesariamente en un beneficio para toda la
población, en una especie de reversión de la teoría del derrame.

En el documento se propone potenciar la innovación a través de la
cooperación público-privada, fomentando la conformación de consorcios
mixtos, haciendo transferencia tecnológica a las empresas desde las
instituciones públicas de generación de conocimiento, incubando empresas
privadas desde las instituciones públicas de CyT, o generando patentes 
(instrumento legal para convertir el conocimiento en mercancía) que puedan
ser vendidas a grandes corporaciones para que las exploten a cambio de
royalties. Dice explícitamente que se busca que el 50% de la investigación
sea financiada por el sector privado, dado que en los “países
desarrollados” la investigación privada es la mayoritaria, lo que asume
implícitamente que lo que Latinoamérica necesita para su sistema de CyT es
lo mismo que lo que necesitan EEUU o Europa. La historia latinoamericana
ha demostrado innumerables veces la reticencia del sector privado local a
hacer investigación, siendo las necesidades estratégicas del Estado las
que promovieron y financiaron el desarrollo científico.

Este conjunto de cambios que se buscan promover tienden a poner al sistema
científico-tecnológico al servicio de las necesidades del mercado. Por
supuesto, no se puede plantear simplemente eliminar cualquier vinculación
entre los sectores público y privado. Pretender que el sistema de CyT
tenga algún impacto sobre el sistema productivo hoy en día sería irreal
sin contemplar el sector privado. Pero debe ser el Estado, y no el
mercado, quien establezca los objetivos prioritarios y quien tome las
riendas del proceso de desarrollo tecnológico.

La vinculación del sistema científico con el sector productivo es una
necesidad material detrás de lo que deben ser los verdaderos objetivos a
alcanzar: resolver problemas sociales y atender a las necesidades
estratégicas del país. Ninguno de estos son los que tienen las empresas
privadas, cuyo único interés es la generación de altas tasas de
rentabilidad. Para garantizar los objetivos deseados es necesario que el
Estado tenga el control de los recursos tecnológicos y el conocimiento que
genera, lo que implica construir, aunque sea de a poco, su soberanía
tecnológica.

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Los objetivos del desarrollo tecnológico y la Soberanía tecnológica

En un análisis preliminar de los primeros resultados de la política del
gobierno, se puede ver que se busca fomentar el desarrollo tecnológico en
algunos sectores donde tenemos ventajas comparativas para la producción y
competencia a nivel internacional, como la nanotecnología, las TICs o la
biotecnología. El objetivo pareciera ser la exportación de productos de
CyT de alto valor agregado para la obtención de divisas. Muchas veces, a
costa de acuerdos con instituciones y empresas extranjeras de mucho peso
específico, como el Instituto Max Planck o la corporación Chevron, que le
imprimen al desarrollo local la lógica neoliberal imperante en los países
centrales. Incluso los proyectos íntegramente locales dependen fuertemente
de tecnologías y equipamiento que se deben adquirir en el exterior, lo que
genera una fuerte dependencia de esos emprendimientos a los vaivenes de la
economía internacional.

Desarrollar e intentar articular el sistema de CyT de Argentina no alcanza
para generar beneficio social alguno ni para fortalecer nuestra soberanía
tecnológica. El plan propuesto carece de una perspectiva estratégica de
largo plazo para desarrollar algunos de los instrumentos necesarios para
un desarrollo autónomo e independiente. La producción local de
semiconductores y circuitos integrados, insumos biotecnológicos,
medicamentos y vacunas, entre muchos otros, son objetivos grandes que solo
pueden ser encarados por el Estado, que insumen y generan desarrollos y
producción tanto en el ámbito público como en el privado, pero que
permiten a largo plazo, fortalecer nuestra soberanía tecnológica y generar
un fuerte impacto social. La carencia de grandes proyectos articuladores
como estos es una de las críticas frecuentes a la política científica del
gobierno, que se le hace desde diversos sectores: desde distintos
movimientos sociales hasta grupos específicos de debate sobre la CyT, como
puede ser el grupo de gestión de políticas de Estado en ciencia y
tecnología.

Cabe mencionar que existen algunos proyectos estratégicos que el
kirchnerismo mantuvo, como la producción de satélites y reactores
nucleares de INVAP, y otros que impulsó desde cero, como YPF Tecnología
S.A., que podrían aportar al fortalecimiento de la soberanía tecnológica.
Sin embargo, la reciente asociación con Chevron pone en dudas cuál será el
verdadero alcance del segundo caso, mientras que en el resto de los
proyectos sigue dominando una profunda extranjerización ligada ya sea a la
dependencia tecnológica o a la asociación con capitales extranjeros.

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El rol de las Universidades: INCUBACEN

El rol de las universidades nacionales ha sido tradicionalmente la
formación de recursos humanos de alta capacitación, tanto para
instituciones estatales como para empresas públicas o privadas. El marco
de relativa libertad del investigador y la autonomía universitaria
hicieron de la universidad el lugar natural para el desarrollo de ciencia
básica y la producción de nuevos conocimientos, siendo institutos con
fines específicos los que tenían a su cargo el desarrollo de tecnologías y
el asesoramiento a empresas (CNEA, INTI, INTA, entre otros).

Actualmente, en el marco del proyecto del MinCyT se está buscando que las
universidades participen activamente del proceso de desarrollo tecnológico
en el sistema productivo. Se busca promover la vinculación de grupos de
investigación con capitales de riesgo para “incubar” empresas de base
tecnológica a partir de los conocimientos desarrollados en las
instituciones universitarias. También se promueve la búsqueda de
financiamiento a través de recursos propios, obtenidos a partir de la
venta de servicios a empresas y la generación de patentes. El caso
paradigmático es el programa INCUBACEN, de la FCEyN, que ha ido a la
vanguardia de otros programas similares en la UBA y en otras
universidades. El oficialismo (ADU y Sumatoria) creó esta incubadora de
empresas privadas dentro de la Facultad hace diez años, cosechando un
éxito dudoso en los resultados concretos de generación de empresas, pero
muchos elogios desde el ámbito de la política nacional.

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La política científica de la FCEyN

Las líneas de investigación en la Facultad se definen, en la actualidad, a
partir de los intereses de cada investigador y de su capacidad de
conseguir financiamiento, lo que puede generar condicionamientos
especialmente cuando éste proviene del ámbito privado. Cada Departamento
define sus propias políticas de promoción de líneas nuevas (si las
hubiere), generalmente en función de necesidades académicas, y sin que
medie una política institucional de promoción de algún área en particular
desde al ámbito de la Facultad. Esto no implica que no exista una política
científica de la Facultad, ya que la decisión de promover la incubación de
empresas privadas, por ejemplo, es claramente una definición política.
Pero en lo que a investigación refiere, la política del oficialismo se
reduce meramente a la “gestión” administrativa de los recursos, sin
establecer prioridades que puedan ser de interés por cuestiones
estratégicas o por su impacto social.

A la vez, hay una gradual pérdida de la autoridad respecto de las
decisiones en áreas de investigación, debido a la paulatina creación de
institutos UBA-CONICET que se superponen con la áreas departamentales,
generando una doble cadena de mando en la que la Facultad relega parte de
su autonomía para conseguir financiamiento. La FCEyN no cuenta con
recursos suficientes como para financiar grupos de investigación, debido a
que el financiamiento proveniente del Estado se reduce casi en su
totalidad al pago de sueldos y a un mínimo mantenimiento edilicio, lo que
dificulta aún más las posibilidades de tomar decisiones y establecer
políticas propias.

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Qué política científica queremos para la FCEyN

Desde Punto de Inflexión, entendemos que es indispensable que exista el
espacio para que los investigadores decidan libremente qué hacer a partir
de los recursos que consiguen y los que les brinde la Facultad. En la
Universidad Pública se debe promover el desarrollo de ciencia básica y
nuevos conocimientos así como el estudio del funcionamiento de la
naturaleza, para lo que es esencial respetar y proteger la libertad de
investigación y la autonomía universitaria. Pero entendemos que, además de
eso, la Facultad y la Universidad son actores políticos que juegan un
importante rol en el sistema científico del país y que, como tal, tienen
una responsabilidad social. La FCEyN debería contar con recursos
suficientes para sostener una política científica propia, y fomentar y
promover proyectos en función de su decisión institucional. Estos recursos
deberían estar reservados fundamentalmente para abrir nuevas líneas de
investigación o apoyar las existentes en función de su impacto social o de
las necesidades estratégicas del país, aportando desde la perspectiva de
su propia comunidad académica a los problemas y debates que se dan en el
marco nacional y latinoamericano.

La FCEyN no puede por sí sola desarrollar proyectos o investigaciones de
gran envergadura que vayan cambiar el rumbo de las políticas nacionales de
CyT, pero sí puede y le corresponde aportar al desarrollo
científico-tecnológico desde su lugar. A la hora de definir esta política,
sería importante contemplar las necesidades de un amplio espectro de la
sociedad, partiendo de un diálogo más fluido con diversos sectores
sociales, productivos y organizaciones de la sociedad civil, y con
organizaciones e instituciones estatales en el marco de proyectos de
extensión.

Además, la definición de una política institucional respecto de líneas de
investigación científica requiere de un análisis exhaustivo de los
diversos grupos de investigación funcionando en los departamentos e
institutos de la FCEyN. Es necesario romper con la atomización y fomentar
el trabajo interdisciplinario dentro de cada departamento y entre ellos,
no sólo para potenciar las capacidades actuales de cada uno, sino también
para conocer mejor e identificar las potencialidades que tiene la FCEyN en
su conjunto para encarar proyectos innovadores que puedan tener impacto
social o aportar al desarrollo estratégico del país.



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Punto de Inflexión
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