[Todos] conCienciaCrítica y la Política Científica

[conCienciaCrítica, Docentes/Graduados-FCEN]

Desde conCienciaCrítica nos reconocemos como parte de los investigadores,
docentes, universitarios y profesionales que en el campo de las ciencias
estamos interesados en debatir las políticas actuales, formular los
programas necesarios y relevar las trabas y condicionamientos que
históricamente han generado la dependencia y la subordinación a los países
centrales, en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Entendemos que la actividad científica y tecnológica juega un papel
estratégico para el devenir de una sociedad, y por lo tanto, no puede
realizarse desentendiéndose de sus implicancias y consecuencias.


La política científica del gobierno nacional

El gobierno nacional ha tenido una política activa en ciencia y tecnología
con la creación del Ministerio, la reapertura del CONICET y el incremento
presupuestario en algunos organismos de CyT. Sin duda estos hechos
representan avances para el sector y elevan el nivel del debate. Sin
embargo, es menester desentrañar los objetivos que se plantean con una
visión independiente y crítica. El plan de acción propuesto por el
gobierno nacional está basado en tres plataformas tecnológicas
(biotecnología, nanotecnología y las tecnologías de la información),
aplicadas a cuatro áreas verticales (energía, salud, agroindustria y
desarrollo social). Las tres plataformas están financiadas por un programa
del Banco Mundial, y las cuatro áreas verticales de aplicación, por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En primer lugar, observamos que
de esta se cimienta el desarrollo científico del país a partir del
financiamiento por parte de los organismos internaciones de crédito, que
el propio gobierno nacional dice rechazar. Esto trae aparejado una serie
de condicionamientos que colocan al rol de la ciencia argentina como
complementario, restringiendo y deformando la actividad a determinados
“nichos” donde desarrollarse. Esto no hace más que consolidar el papel de
la Argentina en la división internacional del trabajo como productora de
determinados bienes y servicios, principalmente materias primas (soja,
minerales, petróleo)  jugando un papel subordinado y dependiente respecto
de los intereses de los países centrales.

El reciente acuerdo YPF-Chevron, o los proyectos de megaminería
YMAD-Barrick Gold desnudan la entrega de nuestros recursos naturales y la
verdadera matriz productiva que nos propone el gobierno nacional. Al mismo
tiempo, el MinCyT muestra “casos de éxito” como la creación de plantas de
soja, maíz y trigo resistentes a la sequía y salinidad, desarrollo
generado por la Universidad del Litoral y el CONICET y transferido a la
empresa Bioceres, controlada por el grupo sojero Grobocopatel (conocido
como “el rey de la soja”). Este monopolio recibió además del gobierno el
edificio de INDEAR (empresa de investigación y desarrollo de Bioceres) en
Rosario construido íntegramente con fondos públicos, pero manejado por
empresarios privados. Así, los objetivos del desarrollo científico y
tecnológico del gobierno no parecerían estar abocados a conquistar la
soberanía tecnológica, sino más bien a la exportación de productos de CyT
de alto valor agregado para la obtención de divisas. Muchas veces, a costa
de acuerdos con instituciones y empresas extranjeras de mucho peso
específico, como la corporación Chevron, que le imprimen al desarrollo
local la lógica de obtener la mayor rentabilidad en el menor tiempo,
relegando la soberanía sobre nuestros recursos naturales y sin medir las
consecuencias socio-ambientales de estos emprendimientos. Incluso los
proyectos íntegramente nacionales dependen fuertemente de tecnologías y
equipamiento que se deben adquirir en el exterior, lo que genera una
fuerte dependencia de esos emprendimientos a los vaivenes de la economía
internacional.

Nuestro país demostró ampliamente ser capaz de llevar adelante proyectos
tecnológicos complejos. En el marco de las políticas actuales de ciencia y
tecnología se cita como el máximo caso de éxito la producción de pequeños
reactores nucleares experimentales y de uso médico o los proyectos de
construcción de satélites. A partir de reconocer y jerarquizar estos
logros, que otros prefieren ocultar, es válido preguntarse, ¿Cuál es la
verdadera medida de éxito en estos proyectos científicos y tecnológicos:
lograr ocupar un nicho en el mercado internacional aprovechando ventajas
comparativas o lograr estar a la altura de las necesidades locales de
nuestro país? Estos dos aspectos no están libres de contradicciones. Por
ejemplo, para competir en el mercado internacional de este tipo de
desarrollos o servicios, es necesario bajar los costos, y así se pueden
entender muchas veces las cuestiones usuales en el sector aeroespacial o
nuclear, como la abundancia de empresas y personal tercerizado, la
flexibilidad laboral y el reducido número de personas trabajando por
proyecto. Si nos preocupamos solamente por ocupar los “nichos”
tecnológicos que nos “dejan” los países centrales para aprovechar la
excelencia de nuestros recursos humanos y los bajos costos en dólares de
la Argentina, restringimos nuestras capacidades científicas y tecnológicas
a las posibilidades de negocios en el mercado internacional y renunciamos
a una política científica soberana, que desarrolle organismos, planes y
programas centrados en el desarrollo integral del país, profundizando el
efecto dinamizador que potencialmente tienen esta clase de proyectos como
grandes articuladores sobre todas las áreas de conocimiento. Sólo así, los
desarrollos tecnológicos y los avances científicos podrán traducirse en
beneficios concretos para nuestro país y generar un fuerte impacto social.


La expulsión de los jóvenes: otra cara de la actual política científica

La falta de una política científica y tecnológica integral y sustentable
en el tiempo que tenga como centro las necesidades de nuestro país y no
las posibilidades de negocios o “nichos” en el mercado, se traduce año a
año en la expulsión de jóvenes científicos del sistema nacional de CyT.
Esta problemática se ha evidenciado aún más en los últimos años, con miles
de jóvenes doctores formados en el CONICET que no son absorbidos en el
ingreso a carrera de investigador del propio organismo, ni en las
Universidades Nacionales, ni en otros organismos de CyT. La propuesta de
inserción de doctores en empresas, impulsada desde el MinCyT, como el
programa de becas en empresas del CONICET, Recursos Humanos Altamente
Calificados del FONTAR o el más reciente programa +Valor.Doc no han dado
sus frutos. En este sentido, resulta elocuente mirar el portal del
programa +Valor.Doc creado hace más de un año con el supuesto objetivo de
dar respuestas a esta problemática. Los “casos de éxito” del programa
publicados en su página suman un total de 8 doctores incorporados a
empresas, mientras cientos son expulsados del sistema científico y
tecnológico nacional año a año.

La expulsión de los jóvenes científicos del CONICET, sin la posibilidad
real de inserción en otros institutos u organismos nacionales genera un
panorama traumático. No sólo desde el punto de vista personal, con la
frustración profesional que esto conlleva, sino, y más importante aún,
representa una pérdida muchas veces irrecuperable para el país. Sin
embargo, existen una infinidad de investigaciones estratégicas
desatendidas o directamente negadas. Sin ir mas lejos, estos doctores
podrían ser incorporados inmediatamente en organismos de CyT nacionales
que hoy están sub-financiados. Por ejemplo, el INIDEP cuenta con un
presupuesto anual equivalente al 4% del presupuesto del CONICET del cual
sólo $17,5 millones no se destinan a sueldos, para planificar cuando y
cuánto se puede pescar de cada especie en los más de 4700 km de costa
marítima de nuestro país, donde las empresas extranjeras depredan nuestros
recursos pesqueros. Situación similar sufren el ANLIS o el INTI. Además de
los institutos y organismos de CyT. Otra alternativa podría ser incorporar
estos jóvenes doctores en las Universidades Nacionales, lo que permitiría
ampliar y profundizar la investigación que en ellas se realiza. Sin
embargo, las Universidades se encuentran en su gran mayoría en situaciones
presupuestarias donde la inmensa mayoría ya se destina a sueldos y no
queda margen para generar nuevos cargos que permitirían absorber a los
doctores. La “fuga de cerebros” sigue siendo así, y a pesar de los
esfuerzos de repatriación, una triste realidad de la actual política
científica nacional.


La política científica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Las líneas de investigación de la Facultad se definen actualmente a partir
de los objetivos y planes propuestos por cada grupo de investigación y la
posibilidad de conseguir financiamiento que éstos tengan. Esto no quiere
decir que no exista una política científica en la FCEyN, que puede
palparse visiblemente a partir del emblemático ejemplo del programa
INCUBACEN. Esta iniciativa ha sido pionera a otros programas similares en
la UBA, en otras universidades nacionales y en diversos organismos de CyT.
Las autoridades de la Facultad crearon esta incubadora de empresas
privadas en el ámbito público hace más de diez años, cuando Lino Barañao
era secretario de investigación de la Facultad. La promoción y el
financiamiento destinado a este programa a lo largo de más de una década
representa claramente una definición política. Pese los reiterados elogios
recibidos desde el ámbito nacional, INCUBACEN ha cosechando dudosos
éxitos, como fue el intento de privatización de la robótica desarrollada
en la FCEyN (a través de la sesión de uso exclusivo del Konabot) y magros
resultados concretos de generación de emprendimientos productivos.

La falta de financiamiento específico para que los departamentos de la
Facultad discutan y promuevan determinadas líneas de investigación y
puedan cumplir con su labor científica, ha traído aparejada otra
problemática: la paulatina pero constante creación de institutos CONICET
en la FCEyN que se superponen con las áreas departamentales. Para
conseguir financiamiento, la Facultad relega parte de su autonomía y
genera una doble cadena de mando, donde el director del instituto CONICET
no es elegido por los estudiantes, graduados y profesores como el director
del Departamento, lo que representa también un retroceso desde el punto de
vista del co-gobierno universitario. La FCEyN no cuenta actualmente con
recursos para financiar líneas de investigación propias, ya que el
presupuesto proveniente del Estado se reduce casi exclusivamente al pago
de sueldos y a un insuficiente mantenimiento edilicio. Esto dificulta aún
más las posibilidades de tomar decisiones para una política científica
propia desde la Facultad.

Desde conCienciaCrítica entendemos que en una Facultad de Ciencias dentro
de la Universidad Pública se debe promover aquella ciencia que genere
nuevos descubrimientos y que amplíe la frontera del conocimiento universal
en todas las disciplinas, y que para eso es fundamental respetar y
proteger la libertad académica y de investigación, junto con la autonomía
universitaria. Pero también entendemos que, además de eso, nuestra
Facultad no puede desentenderse de su rol dentro del sistema científico
nacional. Por eso es necesario recuperar la posibilidad de discutir una
política científica propia desde la FCEyN, que no puede estar centrada en
la transferencia de recursos al ámbito privado a través de INCUBACEN, sino
en aportar desde su propia perspectiva al desarrollo
científico-tecnológico de la Argentina. Para eso en necesario contar con
recursos que permitan promover proyectos en función de los planes
científicos que se elaboren colectivamente en el ámbito de la Facultad, y
que puedan estar destinados a generar nuevas líneas de investigación o
apoyar líneas existentes, en función de su impacto social o de las
necesidades estratégicas del país.


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conCienciaCrítica,
Docentes, Graduados y Becarios de la FCEN-UBA
en la Conducción de AGD-FCEN
en la Minoría de Graduados del Consejo Directivo