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[Comisión de bienes comunes]

PEDIDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO A NACIÓN Y PROVINCIAS

El Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su Secretario General a
cargo CPN Carlos Haquim, recomendó al Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y a los Ministros Nacionales y Provinciales de
Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de
Investigación sobre Agroquímicos a que coordinen medidas precautorias y
preventivas  para  minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos,
especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas
rurales a donde asisten niños que se ven expuestos a los tóxicos como
consecuencia de las actividades productivas en la zona.
Además de los resultados de la investigación para el proyecto “Riesgo
Ambiental de la Niñez en la Argentina” -realizado por la Institución en
conjunto con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización
Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo- el Defensor del Pueblo recibió numerosas denuncias sobre casos
de fumigación en Pampa del Infierno (Chaco), Pampa del Indio (Chaco),
Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba), Departamento Uruguay (Entre Ríos), Los
Toldos (Provincia de Buenos Aires) y Coronel Suárez (Provincia de Buenos
Aires).
Las denuncias y los estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso
en horario de clases, la negativa de los aplicadores a detener los
trabajos amén de los pedidos in situ, los efectos agudos en niños: dolor
de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas,
irritabilidad en la vista, cansancio, náuseas, angustia, entre otros.
Además, muchas de las escuelas rurales se encuentran alejadas de los
centros urbanos, por lo cual no son protegidas por las ordenanzas
municipales que regulan la materia.
El Defensor del Pueblo nacional interviene en estos casos a través de
pedidos de informes y en virtud de lo establecido por la Ley Nacional de
Educación Nº 26.206 que, en su artículo 126, sostiene que lo/as alumno/as
tienen derecho a ser protegidos contra toda agresión física, psicológica y
moral; y a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a
normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que
aseguren la calidad del servicio educativo.
Por tanto, la Institución considera que “estos derechos y obligaciones de
los alumnos se ven violados cuando, debido a las fumigaciones a las que se
ven expuestos, deben abandonar las escuelas o refugiarse en las aulas para
evitar los efectos agudos que produce la exposición”.
Además de los Ministerios mencionados, el Defensor del Pueblo también
exhortó a los Ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura, a
Organismos de Investigación y Desarrollo, a Universidades Nacionales y
Consejos Federales a que impulsen mecanismos de monitoreo y seguimiento de
los programas que se desarrollen para controlar que se reduzca
efectivamente la presencia de agroquímicos en el ambiente escolar.
Asimismo, el Defensor exhortó al Jefe de Gabinete de Ministros que arbitre
los medios necesarios para incentivar la producción agroecológica,
considerando la posibilidad de establecer subsidios o reducciones
impositivas en los tributos nacionales que gravan este tipo de actividad.